Las grandes potencias se disputan la localización de grandes empresas tecnológicas a fuerza de subsidios y otros beneficios que, en ningún caso, se reducen a elogios cruzados en las redes sociales. El impulso a la industria en Estados Unidos o China es un factor determinante en la seguridad nacional.
Fuente: DiarioAR
El 19 de noviembre, día en que Javier Milei se convirtió en el ganador de las elecciones presidenciales, Elon Musk, dueño de Tesla –una de las empresas más importantes del planeta–, celebró en X (extwitter) el triunfo del dirigente de la Libertad Avanza en un gesto inesperado que puso al argentino en la vidriera del mundo paleolibertario.
Casi cinco meses después, ambos defensores de la libertad entendida a su modo se reunieron en Texas, donde Musk tiene una de sus fábricas de vehículos eléctricos. Allí se saludaron, conversaron, se sacaron fotos, y prometieron celebrar un evento juntos en Argentina.
Sin embargo, y amén de la autocelebración en redes de los militantes y trolls paleolibertarios, los negocios de Musk –que son parte de la agenda de los gobiernos de las principales potencias mundiales– suceden muy lejos de nuestro país. Por un lado, en China, donde Tesla tiene uno de los negocios más prósperos del mundo. El otro podría ser India, donde el Financial Times informó días atrás que ejecutivos de la empresa de Musk viajaron al gigante asiático para buscar un lugar donde abrir una nueva fábrica.
Mientras China –a pesar de todo el comunismo que profesa, según el diagnóstico de Milei– es uno de sus principales mercados para el mundo automotor en general y, en particular, para los vehículos eléctricos, la India es una plaza con cientos de millones de potenciales compradores. Pero, además, es un país cuyo gobierno ha desplegado desde hace años una estrategia para lograr que el empresario norteamericano instale una de sus fábricas en el país.
Parte de ese cortejo es la reciente aprobación de una norma para reducir las tarifas de importación de vehículos eléctricos. Una pretensión de Musk a la que el primer ministro Narendra Modi accedió, aunque con la condición de que las empresas cuyos autos paguen menos impuestos se fabriquen en India en un plazo menor de tres años. Ahora, se está estudiando la posibilidad de que Tesla construya un vehículo eléctrico más económico que los modelos actuales para ser vendido en territorio indio, pero también exportado a países de la región. Prueba de que cortejar a una de las compañías más valiosas del mundo incluye además una clara defensa del interés nacional.
El posible desembarco de Tesla en India ya es una realidad en México, donde gobierna el morenista López Obrador, y a quien posiblemente suceda en el cargo la actual jefa de Gobierno de México DF, Claudia Sheinbaum. La empresa de Musk estará lista para vender sus vehículos desde ese país a partir del 2026. Otra prueba de que los negocios dependen de otras cosas, y no de mostrar sintonía ideológica o lanzarse elogios en las redes sociales.
La puja global por radicar industrias y tecnologías estratégicas es con el cuchillo entre los dientes
El caso de Tesla es solo uno más en la lucha encarnizada que mantienen las grandes potencias por radicar en sus países las empresas productoras de tecnologías estratégicas. Esta semana se anunció que la empresa taiwanesa TSMC, una de las principales productoras de chips semiconductores (el cerebro de cualquier tecnología de punta), abrirá una fábrica en Arizona, Estados Unidos.
La decisión empresarial fue producto de una gestión del gobierno de Joe Biden, que teme un conflicto militar entre China y Taiwán que impida la adquisición de estos chips por parte de empresas norteamericanas como Open AI o Meta, que lideran el desarrollo de la Inteligencia Artificial en el mundo.
Además de las negociaciones políticas entre Washington y Taipéi para afianzar su vínculo, la decisión de TSMC no estuvo impulsada por un intercambio de tuits entre Biden y su dueño. El mayor incentivo para radicarse en Norteamérica puede encontrarse en los más de diez billones de dólares que recibirá TSMC de parte del Estado norteamericano.
Una serie de subsidios (la traducción es literal de la palabra “subsidies” que menciona la prensa anglosajona) que se enmarcan en la ley “Chips Act” que aprobó el Congreso de Estados Unidos en el 2022 para impulsar la industria nacional. Lo interesante –para los puristas ideológicos– es que se trata de la segunda fábrica que abrirá TSCM en Arizona. La primera fue anunciada por Donald Trump en el 2020, y comenzará a producir el año que viene.
A Estados Unidos le importan poco y nada los dictados del FMI cuando se trata de aplicarlos en su propio país
Cuando se anunció la apertura de la segunda fábrica de TSCM en Estados Unidos, la Secretaria de Comercio destacó jubilosa que se estaba expandiendo la capacidad industrial de fabricar chips semiconductores a una escala inédita en su país, y que se estaba “reforzando masivamente la seguridad nacional”.
Es evidente que esa decisión pesó mucho más en el Gobierno que las advertencias que hizo el Fondo Monetario Internacional en el último tiempo sobre el daño que pueden causar a la economía global los subsidios estatales.
“El uso agresivo de la política industrial por parte de las economías más poderosas del mundo corre el riesgo de convertirse en un error costoso que podría desencadenar una guerra de subsidios de ojo por ojo ha dicho el Fondo Monetario Internacional”, según precisó el diario The Guardian esta semana. En Argentina, mientras tanto, todo se reduce a una intensa política de likes.