La iniciativa del gobierno está siendo conversada con Google y da cuenta de cómo las empresas alientan el mesianismo para sus propios fines.
Por: Esteban Magnani
A lo largo de la historia no pocas decisiones políticas se han atribuido a alguna entidad superior. Algunos líderes aseguraban tener diálogo con Dios, otros se guiaban por dados, el arrebato de una inspiración o un perro muerto: frente a estos argumentos nada hay para discutir. En la Grecia antigua el oráculo de Delfos permitía obtener verdades de los dioses. Lamentablemente las respuestas dependían de quién lograba hacer la pregunta, de la pitonisa a cargo de la tarea, el sacerdote que la comunicaba y la interpretación que se hacía. En esa cadena de pasos, los sesgos e intereses humanos resultaban determinantes para definir qué habían “dicho” los dioses.
Por suerte, en los últimos siglos comenzaron a primar las decisiones fundamentadas en argumentos, análisis de casos previos o teorías que en cuestiones sociales nunca podrán dar fórmulas inequívocas y definitivas. Los efectos buscados generan otros no deseados. La polémica es inherente a la política ya que nunca todos los sectores pensarán que se logró el mejor resultado posible.
La propuesta del presidente Javier Milei de delegar poder de decisión en una IA diseñada para la reforma del Estado (sobre la cuál falta saber mucho, incluso si existe) es un intento de despolitizar la gestión para remplazarla por una supuesta verdad neutral y sin sesgos. La idea no es tan distinta a la de recurrir a un oráculo ya que la selección de datos, la formulación de los algoritmos, el ajuste de las variables que tendrá en cuenta y la interpretación de los resultados (a menos que la IA diga, por ejemplo, “Hay que cerrar estos cuatro ministerios”) vuelven a poner en manos de los humanos que la manejan el resultado de la consulta. Es que la IA, como ya se ha dicho en este diario, no es inteligencia sino estadística; y tampoco es artificial ya que se nutre de inteligencia humana previa.
El Salvador fue citado por el presidente como “caso exitoso” en base a lo que le dijeron en las reuniones en Google, aunque no haya un paper disponible sobre en qué ha consistido ese éxito. Allí se aprobó a fines del año pasado una ley a medida del contrato con Google, pero más allá de la implementación de Classroom en educación (que difícilmente podría ser considerada como IA), no se conocen aún resultados concretos y auditados.
¿Qué sería reformar el Estado con IA? Si es simplemente tomar algunas decisiones basadas en datos, es algo que se hace desde hace tiempo. En cambio, si es preguntarle a ChatGPT qué Ministerios cerrar, la cuestión resulta más problemática, tanto que probablemente ni Google se arriesgaría a exponerse siquiera por un contrato millonario.
“Los investigadores de IA artificial sabemos que ésta fabrica información falsa y creíble. Hay que tener mucho cuidado con el ámbito de aplicación de estas tecnologías”, explica Luciana Benotti, Doctora en informática por la Universidad de Lorraine, Francia, y docente de la Universidad Nacional de Córdoba. “No se puede usar en nada en lo que tener información falsa pero creíble pueda producir daño a alguien. Esto ocurre aunque no hayan sido entrenados con información falsa. Por lo tanto es altamente irresponsable utilizar IA en entornos donde esto pueda generar un riesgo a las personas”.
Privatizar el Estado
“Los grandes gigantes tecnológicos están en un claro proceso de cooptación del Estado; no solamente acá en Argentina sino en todo el mundo”, explica la economista Sofía Scasserra, especializada en economía digital e investigadora y docente del Instituto del Mundo del Trabajo de la Universidad de Tres de Febrero.”La cantidad de dinero que ponen anualmente en lobby en la Unión Europea y en Estados Unidos es realmente obscena. Lo que sí se puede vislumbrar es una clara estrategia de expansión hacia los servicios del Estado con el propósito de privatizarlo de facto. Los datos que usan estas herramientas quedan almacenados y son patrimonio de la empresa desarrolladora. Lo que después termina ocurriendo es que Google dictamina la política pública a cambio de dinero. De esa manera el Estado va a desconocer su propio funcionamiento que queda a cargo de las empresas de tecnología”. Este proceso sería muy difícil y caro de revertir.
“Mi visión personal e informada del tema”, aclara Benotti, “de muchos años de estar en la parte técnica y de políticas, además de interactuar con colegas economistas, es que estas empresas están inflando una burbuja económica y buscan cualquier tipo de contrato que haga sostenible su modelo de negocios. Por eso hay tanto hype en esta área. Son tecnologías en busca de una aplicación. Todavía no está claro cómo van a producir valor”. Milei habría caído en manos de ese marketing sin fundamentos sólidos.
El Salvador ya experimentó con otra tecnología que causó furor: Bitcoin. En 2021 se la sumó como moneda oficial y el presidente Nayib Bukele prometió una mesiánica “Bitcoin City” que nunca pasó de proyecto. Las criptomonedas colapsaron al año siguiente. Bitcoin sobrevivió aunque con su volatilidad difícilmente sirva como base de una economía confiable. Ahora Bukele promete una nueva solución tecnológica que vive un momento de euforia: la IA. Él y otros políticos se suben al marketing de una desorbitada promesa tecnológica durante la etapa de ascenso para empaparse de su aura (y, de paso, mantener a los especialistas ocupados en desentrañar sus propuestas vagas y poco fundadas).
“La potestad más grande del Estado es la emisión monetaria y los libertarios siempre quisieron poder privatizar eso. No lo han podido hacer”, explica Scasserra recordando lo que pasó con las criptomonedas. Para la especialista, “La reforma del Estado tendría que ser hecha sobre la base de la democracia y la participación ciudadana y no de una guía generada por vayamos a saber quién ni con qué criterios, del norte global. Me parece ridículo tener ese debate ya de movida”.
De cobardes y suicidas
El presidente debe dar por descontado que las propuestas de esa IA coincidirán con los fundamentos ideológicos que lo guían; esto es muy probable ya que los algoritmos nunca son neutrales y las grandes corporaciones comparten a grandes rasgos el ADN libertario del presidente. Y si las propuestas no coincidieran con su ideología podría decir que algo falla, que no es confiable y pediría que la retoquen para que proponga lo que él ya quería. Todos los caminos conducirán al mismo resultado ya prefigurado.
Además de los problemas de fondo usar IA en el ámbito político, está la cuestión de que se trata de una tecnología en desarrollo que genera muchas dudas. Como dijo el presidente, “Tenemos a Estados Unidos, que tiene una actitud muy temerosa al respecto y, por lo tanto, está transitando en una zona gris, no beneficiosa para este tipo de empresas; está el caso de Europa que está hiper regulado y, por lo tanto, es muy difícil para estas empresas poder desarrollarse”.
La cautela de los países del primer mundo con una tecnología que no ha sido suficientemente testeada es interpretada por el presidente, que cree axiomáticamente que el capital solo trae el bien, como simple cobardía. El prefiere zambullirse en la grieta de Delfos.