Nueva resolución del Ministerio de Seguridad autoriza el uso de inteligencia artificial para monitorear redes sociales, generando debate sobre derechos civiles y libertad de expresión.
Por: Mariano Quiroga
El Ministerio de Seguridad de Argentina ha emitido una controvertida resolución que permite el uso de inteligencia artificial (IA) para vigilar las redes sociales y otras plataformas digitales, una medida que ha encendido un intenso debate sobre el equilibrio entre seguridad nacional y derechos individuales.
La nueva normativa, que ha sido comparada con escenarios de ciencia ficción distópica, autoriza el escrutinio automatizado de publicaciones en redes sociales, mensajes y hasta imágenes compartidas por los usuarios. Esto ha llevado a expertos y defensores de los derechos civiles a cuestionar las implicaciones de tal vigilancia en la privacidad y la libertad de expresión de los ciudadanos.
Uno de los principales puntos de preocupación es la capacidad real de la IA para interpretar correctamente el contenido en línea. Los críticos señalan que estos sistemas, aunque eficientes en el procesamiento de grandes volúmenes de datos, carecen de la habilidad para entender contextos sutiles, sarcasmo o expresiones culturales específicas. Esto podría llevar a malinterpretaciones graves y a la clasificación errónea de actividades inocentes como sospechosas.
El riesgo de falsos positivos es particularmente alarmante. Actividades cotidianas como compartir fotos de juegos recreativos podrían ser malinterpretadas por los algoritmos, potencialmente colocando a ciudadanos inocentes bajo sospecha injustificada.
Además, la medida plantea serias interrogantes sobre la expectativa de privacidad en las redes sociales. Aunque muchas plataformas son públicas por naturaleza, existe un debate sobre si el monitoreo constante por parte del Estado viola la suposición razonable de privacidad de los usuarios.
Un efecto colateral preocupante es el potencial impacto en la libertad de expresión. La conciencia de estar bajo vigilancia constante podría llevar a la autocensura, con ciudadanos pensando dos veces antes de compartir opiniones o bromas que podrían ser malinterpretadas por los sistemas de IA.
En el contexto internacional, la medida argentina va en contra de la tendencia global. Mientras que la Unión Europea considera el perfilado mediante IA como de “riesgo inaceptable” y ciudades estadounidenses como San Francisco y Boston han prohibido tecnologías de reconocimiento facial en espacios públicos, Argentina parece moverse en la dirección opuesta.
La falta de transparencia sobre el funcionamiento exacto de estos sistemas de vigilancia, su auditoría y el manejo de los datos recopilados agrega otra capa de preocupación. Estas preguntas sin respuesta alimentan el escepticismo sobre la implementación y el alcance real de la medida.
No se puede ignorar el aspecto económico de esta decisión. La adquisición de tecnologías de vigilancia implica inversiones millonarias, lo que lleva a cuestionar si estos recursos no podrían ser mejor utilizados en otras estrategias de seguridad pública.
La resolución ha generado un llamado a un debate público serio sobre el futuro de la privacidad y la libertad en la era digital. Mientras que la seguridad nacional es una preocupación legítima, muchos argumentan que no debe lograrse a expensas de las libertades civiles fundamentales.
A medida que la tecnología continúa avanzando a un ritmo acelerado, la sociedad argentina se enfrenta a la crucial tarea de definir los límites éticos y legales de la vigilancia estatal. El desafío radica en encontrar un equilibrio que garantice la seguridad sin comprometer los principios democráticos y los derechos individuales que son la base de una sociedad libre.