Mediante esta acción de amparo, la Fundación Vía Libre solicitó a la justicia que suspenda el uso del sistema contratado a la firma MSA (Magic Software de Argentina) hasta tanto se garantice el correcto cumplimiento del derecho al voto en el contexto de las elecciones de autoridades de este año en la Ciudad de Buenos Aires. Recordamos que las mismas están pautadas para el 13 de Agosto y el 28 de Octubre.
El escrito solicita que se ordene al Gobierno de la Ciudad y al Instituto de Gestión Electoral el cese de las actuaciones que vulneran el derecho al voto en las condiciones establecidas por la constitución de CABA, la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales, permitiendo a la ciudadanía ejercer sus derechos políticos de manera correcta y con la garantía de que el resultado será fiel reflejo de la voluntad popular.
La Fundación no pide la suspensión del acto electoral, sino del uso del sistema informático, para lo cual solicita que se reponga la metodología de votación basada en papel tal como se hizo en las últimas elecciones hasta tanto se garantice que la tecnología contratada no presenta riesgos para el ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía, se garantice la transparencia del proceso, la seguridad de la información, la integridad del voto y el secreto del sufragio.
Por otro lado, solicita que antes de implementar cualquier tecnología que intermedie entre la ciudadanía y la expresión de su voluntad electoral se ordene al GCBA tomar medidas adecuadas para cualquier implementación de este tipo, incluyendo educación y capacitación de la ciudadanía en pos de garantizar el acceso efectivo en condiciones de igualdad.
A su vez, solicita se realicen auditorías independientes, técnica y metodológicamente correctas, adecuadas, completas y suficientes, en el entendimiento de que estas características no se aplican a las auditorías presentadas a la fecha. Estas auditorías deben llevarse adelante con la debida antelación y sus recomendaciones deben ser de cumplimiento obligatorio.
La Fundación Vía Libre trabaja desde hace 20 años el tema de voto electrónico y es una referencia internacional en la materia.
A lo largo de dos décadas, ha documentado numerosas vulnerabilidades y problemas en sistemas de votación electrónicos, incluyendo el proceso en el cual la misma empresa MSA ofreció sus servicios para la Ciudad de Buenos Aires en 2015.
Entre la nutrida prueba presentada para acompañar la demanda se encuentra la evidencia producida por la propia Justicia de la Ciudad sobre la fragilidad de la seguridad de los sistemas de MSA, la opacidad y la falta de garantías que doten de confianza el proceso.
Entre los documentos presentados figura no sólo toda la documentación del 2015, sino la evidencia de que los problemas de entonces no fueron subsanados según consta en la observación electoral realizada por la Universidad de Comahue en ocasión de las elecciones realizadas por la misma empresa en Neuquén este mismo año.
Se suma, a último momento, la experiencia del escrutinio provisorio fallido de la Provincia de Córdoba, donde la firma contratada OCASA subcontrató los servicios de MSA para llevar adelante el conteo provisorio y la transmisión de resultados, un proceso cuestionado por los propios referentes de Juntos por el Cambio en ese distrito.
El proceso electoral es central para el sistema democrático. Generar dudas e incertezas sobre su funcionamiento redunda en un debilitamiento de la democracia en general y de la participación ciudadana en particular, ya que pone en crisis la representatividad y las instituciones que cumplen un rol central en la organización de nuestras sociedades. Los sistemas de voto electrónico están en retroceso y son cuestionados en todo el mundo, incluyendo su suspensión en países que habían sido pioneros en su implementación como Holanda o Alemania.
La participación ciudadana en el proceso electoral es nodal, ya que son las autoridades de mesa y los fiscales de los partidos políticos los encargados de velar por el ejercicio de derechos. En estas condiciones ni las autoridades de mesa ni los fiscales partidarios pueden ejercer su derecho y su deber de auditar y controlar el proceso de votación ya que se enfrentan a una caja negra cuyo funcionamiento no pueden corroborar.
Es por eso que, desde la Fundación Vía Libre, solicitamos a la justicia tomar cartas urgentes en el asunto para velar por los derechos civiles y políticos de la ciudadanía porteña.